La Rioja sigue fuera de Onda

El Gobierno regional concede nuevas licencias radiofónicas, aunque las empresas adjudicatarias de 1998 aún no han cumplido con sus obligaciones de contratación de periodistas.

El Gobierno de La Rioja organiza una nueva edición de La Rioja en Onda, sigue sin exigir el cumplimiento en materia de contratación a las empresas adjudicatarias de licencia en 1998. Tras 10 años de explotación de las licencias, el número de periodistas contratados para atender dichas emisoras dista mucho del que figuraba en los proyectos con los que se presentaron a concurso.
A juicio del Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja (SPIR), el Gobierno riojano está incumpliendo su labor de inspeccionar y controlar a las citadas empresas. Pese a las reiteradas peticiones de este sindicato, no les ha requerido que realicen las contrataciones a las que en su día se comprometieron.

El SPIR no insta a la revocación de ninguna licencia, ya que entiende que cuantas más radios emitan, más puestos de trabajo deben crearse para los profesionales de la información. Ahora bien, el sindicato exige a la Consejería de Administraciones Públicas que cumpla con su obligación de velar por el cumplimiento de las condiciones auto impuestas por las empresas adjudicatarias en los proyectos presentados en 1998, condiciones que fueron las que las hicieron merecedoras de la adjudicación de su respectiva licencia de explotación radiofónica.

El SPIR entiende que los verdaderos perjudicados por esta situación son los profesionales de la información riojanos, colectivo al que se le niega una bolsa de empleos que supuestamente las nuevas emisoras radiofónicas iban a crear.

El SPIR continuará vigilando la evolución de las contrataciones en las empresas con licencia concedida en 1998, del mismo modo que vigilará las que realicen las empresas adjudicatarias de las licencias radiofónicas concedidas en 2007. Si no cumplen con sus obligaciones de contratación de profesionales de la información, y en las condiciones dignas que el desempeño de nuestra profesión requiere, el SPIR exigirá tanto a la Administración regional como a las empresas adjudicatarias las posibles responsabilidades que se deriven de su incumplimiento, en el ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponder.