El Gobierno español, agotada su tímida resistencia, ha claudicado ante las presiones de los poderes financieros mundiales al igual que los de otros países.

Las medidas que ha anunciado el Gobierno para reducir el déficit público representan un recorte en el gasto social que va a recaer, sobre todo, en los pensionistas, las personas dependientes y los trabajadores más precarios. Por el contrario, los causantes de la crisis van a salir reforzados.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), presente en un sector laboral que está sufriendo la crisis con dureza –más de 3.000 profesionales se han quedado sin trabajo en los dos últimos años–, expresa su rechazo a esa propuesta porque no va a servir para crear empleo.

El Gobierno, proclamado socialista, no ha anunciado ni una sola medida que afecte a la banca y a las entidades financieras, que tienen buena parte de la responsabilidad de esta crisis, ni tampoco reformas fiscales que permitan recaudar más dinero de forma progresiva y proporcional a los ingresos.

Por el contrario, por primera vez en la historia ha decidido rebajar el sueldo a los empleados públicos en un 5% como media, una medida que es aceptada por una parte de la población por la demagogia de su exposición pero que es profundamente injusta.

En muchas empresas de comunicación ha habido despidos y planes de ahorro, que aún están en marcha, que han reducido los salarios de los trabajadores. A ello se añaden ahora las medidas del Gobierno, lo que hará todavía más precaria la situación de unos trabajadores que ya lo son.

Para mayor desasosiego, ante esta bofetada a los valores del estado del bienestar; el PP, principal partido de la oposición, proclama que él habría adoptado antes esas mismas medidas.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP expresa su rotundo rechazo a estas medidas y reitera que si el Gobierno concede ayudas a las empresas de medios de comunicación, como prepara, lo haga sólo a cambio de que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por: Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG).

En esta ocasión es la revista Dato Económico la que busca incorporar a un periodista en prácticas nada más deshacerse, mediante despido improcedente reconocido, de un trabajador indefinido.

La oferta de la revista se ha dado a conocer a través de la Asociación de la Prensa, mediante un anuncio en que se decía que “La revista DATO busca incorporar a un periodista en prácticas [...] La empresa valorará la experiencia en información económica y empresarial…”

La búsqueda de un periodista “en prácticas con experiencia” podría considerarse un mal chiste, si no fuera por la dramática situación en que se encuentra la profesión que, ya precarizada, se ve azotada por un intento cada vez mayor de las empresas por empeorar las condiciones laborales.

Este caso se une al de la agencia Europa Press, empresa que despidió a un trabajador indefinido, con improcedente reconocido para, después, difundir (también a través de la Asociación de la Prensa) una oferta de ‘becario’ a jornada completa por 360 euros al mes.

Desde el Sindicato de Profesionales de La Información de La Rioja denunciamos estos intentos de rebajar las condiciones laborales y no entendemos que una entidad como la Asociación de la Prensa de La Rioja distribuya este tipo de ofertas.

En vez de dar voz a estas propuestas indignantes, el SPIR aboga por luchar contra ellas, denunciar a sus autores y unir a la profesión para que, de una vez por todas, dejen de atacar nuestras condiciones laborales y, por tanto, el ejercicio del periodismo.

Las empresas periodísticas, tras años de importantes beneficios que no han reinvertido en su actividad, sufren ahora las consecuencias de la crisis económica, a la que se suma el desafecto de la ciudadanía hacia los medios porque no han sabido cumplir con su responsabilidad social como mediadores del derecho a la información.

Por no haber reinvertido las cuantiosas ganancias en sus productos, se encuentran ante la imposibilidad de enfrentarse a un relevo tecnológico para el que no han sabido prepararse.

Los más perjudicados por esta situación son los trabajadores y trabajadoras de la información que, sin haber podido intervenir para frenar los desaciertos de sus empresarios, pagan ahora las consecuencias.

El periodismo es una profesión cada vez más feminizada, ya que en las promociones que salen cada año de las universidades son mayoría las mujeres.

En esta profesión, como en otras muchas, se cumplen todos los agravios que sufren las mujeres trabajadoras en comparación con sus compañeros hombres: sueldos inferiores para responsabilidades idénticas, dificultades constantes para hacer compatible sus vida profesional y familiar, discriminación en el acceso a los cargos de responsabilidad, cuando no el acoso diario del machismo. Ese es el pan de cada día de las periodistas.

La reducción de las plantillas y la disminución de las tarifas impuesta por las empresas se han cebado en los periodistas a la pieza, un sector en total indefensión laboral en el que las mujeres son mayoría y en el que muchas se han tenido que refugiar para hacer compatible su desarrollo profesional con sus responsabilidades familiares.

La feminización de esta profesión es un fenómeno mundial que está provocando la persecución de muchas periodistas, especialmente en aquellos países en los que ellas han sumado como una responsabilidad más de su condición de periodistas la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres.

El aislamiento, la cárcel e incluso la muerte es el precio que muchas están pagando o han pagado por ejercer su profesión con rigor y dignidad. Según un informe de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), el año pasado 44 periodistas en todo el mundo fueron amenazadas, atacadas y asesinadas.

Por todo ello, en este 8 de marzo la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reclama del Gobierno que acometa de una vez por todas la necesaria regulación legal de la profesión periodística, para acabar con los abusos laborales sobre las periodistas y obligar a las empresas de comunicación a cumplir las medidas introducidas en la Ley de Igualdad.

La FeSP pide a las organizaciones internacionales que asuman con firmeza la defensa de las periodistas en todos los lugares donde arriesgan sus vidas en defensa del derecho a la información de la ciudadanía.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

Se trata de una nueva desvergüenza por parte de la empresa, si tenemos en cuenta que en diciembre despidió a siete personas de Rioja Televisión (TVR), en febrero a ocho en la sede riojana de Servicios Redaccionales Bilbaínos (SRB) y que actualmente está desmantelando la delegación riojana del diario El Correo: Acaba de efectuar un violento reajuste de su plantilla en La Rioja, con dos traslados, dos prejubilaciones y el despido de su corresponsal hasta la fecha en Rioja Baja.

Desde el SPIR se exige al Gobierno de La Rioja que, en cumplimiento del Acuerdo de Productividad y Empleo (ASPER), pida explicaciones a una empresa que, recibiendo fondos del Gobierno, deja a los profesionales en la calle y luego alardea de beneficios empresariales.

En la información publicada en La Rioja, el grupo reconoce que “en un contexto difícil para el sector de los medios, Vocento mantiene una sólida posición financiera, con un efectivo demás de 125 millones de euros y un endeudamiento financiero neto de 75 millones”.

Si esa sólida posición financiera es cierta, y ha de serlo dado que de lo contrario no se publicaría, el SPIR exige que los compañeros despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo. No se puede aceptar que una empresa “con un beneficio neto de 9,1 millones de euros” (según la misma información) pueda alegar motivos económicos para deshacerse de sus trabajadores.

- Estas versiones sólo pueden ser atribuidas a partes interesadas en presionar a la Administración en favor de sus intereses, ya que no citan ninguna fuente .
- Las organizaciones sindicales y profesionales de periodistas ya hemos advertido del riesgo de que se concedan ayudas a quienes han ocasionado la situación actual, sin atender las necesidades de los damnificados por esas actuaciones.
- No admitiremos que se excluya a los sindicatos y organizaciones profesionales en un asunto que afecta directamente a los trabajadores y en el que tenemos sobrada experiencia y fundamentados criterios.
- Anteriores subvenciones concedidas a los medios de comunicación demuestran que nunca se ha hecho un uso eficaz de ellas, ni han revertido en mejoras de la calidad de la información, de las condiciones de producción ni de las relaciones laborales y profesionales en las empresas.
- La entrega de dinero público sin establecer criterios para otorgar esas ayudas, ni unas contrapartidas vinculadas a un necesario seguimiento de su cumplimiento, constituiría un agravio a la ciudadanía en las actuales circunstancias de crisis económica.
- Esas ayudas deben otorgarse únicamente en casos de necesidad demostrada y siguiendo unos criterios que garanticen que las empresas beneficiadas deberán utilizarlas para consolidar los puestos de trabajo, que se comprometan al cumplimiento estricto de la normativa laboral y que asuman su función social como mediadores del derecho a la información que tiene atribuido constitucionalmente la ciudadanía.
- Exigimos que no debatan o planteen ayudas a la innovación del modelo productivo sin contar con los trabajadores de la información y sus legítimos representantes. Máxime, cuando las experiencias llevadas a la práctica sin su participación nos han llevado a la situación en que estamos
- Sólo con la participación de todos los actores implicados podremos salir de esta crisis de los medios y no caer a los pocos años en otra similar.

El grupo, que mantiene beneficios millonarios a pesar de la crisis, ha despedido a 15 trabajadores en La Rioja en poco más de un mes

Vocento, grupo multimedia hegemónico en La Rioja, ha anunciado el cierre de Servicios Redaccionales Bilbaínos (SRB), despidiendo a sus ocho trabajadores. Se suman estos despidos a los siete profesionales de la información despedidos hace escasamente un mes en su televisión riojana, TVR. Por si esto fuera poco, la delegación de El Correo (para la que trabajaban los ocho despedidos de SRB) también sufrirá próximamente un duro recorte, con prejubilaciones y traslados de redactores a otras Comunidades.

Gracias a una denuncia presentada en mayo de 2007 ante la Inspección de Trabajo del Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja (SPIR-FeSP), ocho falsos autónomos de El Correo vieron regularizada su situación. Pero ha pasado poco más de un año para que estos trabajadores se vean en la calle. El SPIR denuncia la actitud sucia y abusiva de esta empresa y reclama la actuación de la Inspección de Trabajo ante el incumplimiento del acuerdo logrado en 2008. El sindicato aclara que si no se hubiera puesto la demanda, los trabajadores estarían en la calle sin ningún tipo de indemnización por parte de la empresa.

En aquel momento, ante la amenaza de una importante sanción, Vocento regularizó la situación de ocho de los doce falsos autónomos que trabajaban para El Correo en su delegación en Logroño. En concreto, los trabajadores aceptaron entrar en plantilla de una sucursal en La Rioja de SRB creada por tal motivo, cediendo no alcanzar las ventajas del convenio de El Correo. Otros dos redactores pasaron del limbo legal a ser TRADE (Trabajadores Autónomos Dependientes). La denuncia del SPIR, en cambio, no consiguió que ni los corresponsales de comarcas, ni otros dos redactores en Logroño regularizaran su situación. Varios de ellos fueron los primeros damnificados poco después, echándoles la empresa sin indemnización alguna.

El SPIR denuncia la cínica actitud de un grupo empresarial que finge alcanzar acuerdos con los que salvar las amenazas puntuales de la Inspección para, meses después, depurar a los trabajadores enviándoles al paro. Por este motivo, el sindicato reclama a la Inspección de Trabajo que actúe con diligencia y contundencia contra este gran grupo que, si bien reconoce beneficios a pesar de la actual situación de crisis, no tiene reparos en despedir a quince profesionales de la información en tan solo un mes.

Para el sindicato esta situación poco o nada tiene que ver con la crisis económica actual, sino que viene de lejos, ya que se trata de una empresa a la que en lugar de importarle la implantación de un proyecto serio y rentable a largo plazo en La Rioja, solo se ha dedicado a ser un tapón contra la entrada de otras cabeceras en nuestra región. Una empresa, por cierto, que pasará a la historia por ser la primera en utilizar a falsos autónomos para elaborar las mismas tareas que los trabajadores en plantilla.

El SPIR recuerda que Vocento, hace escasamente medio año, aún presumía de ser “líderes en prensa y suplementos de fin de semana”, un liderazgo basado en la explotación y el despido de sus trabajadores. Pero lo que es aún más sangrante, una empresa que mantiene beneficios a pesar de la crisis: 47,2 millones de euros entre enero y septiembre de 2009, 34,6 millones de euros en el ejercicio de 2008, 82,2 en el de 2007… Cantidades escandalosas que fueron derrochadas sin previsión en aventuras de dudosa rentabilidad.

El SPIR se solidariza con los despedidos, así como con los posibles afectados de la plantilla riojana de El Correo, y llama a los compañeros de los medios de comunicación a practicar una solidaridad activa en defensa de sus puestos de trabajo. Porque si hoy es en Vocento, mañana puede ser cualquier otra empresa.

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Además, han sido sentenciados a la “inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas” y a “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.

Como todo fallo judicial, la FeSP no puede sino acatarlo, pero estima que se trata de una sentencia desproporcionada en relación a la falta considerada. La Federación de Sindicatos de Periodistas expresa su preocupación por una decisión que puede poner en grave riesgo el derecho a la información, así como por el criterio aplicado sobre la publicación de noticias en los medios de comunicación en la Red, que amenaza su derecho a informar.

La condena no pone en duda que el hecho que relató la emisora sea “noticiable”, ni tampoco cuestiona la veracidad de la información ni la diligencia en su tratamiento. Sin embargo, el juez la fundamenta en que la documentación –incluida una lista de afiliados– fue colgada en la ‘web’ de la cadena SER.

El magistrado entiende que “la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita), pero debe matizarse que Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal”.

Una interpretación que, a juicio de la FeSP, anularía la vigencia en estos medios del artículo 20 de la Constitución Española.

Al tiempo de expresar nuestra solidaridad con los periodistas afectados, manifestamos nuestra confianza en que las instancias superiores ante las cuales se ha recurrido la sentencia, revisen con mejor criterio el caso.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

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No sólo nos quedamos en el 72 por ciento de contratos indefinidos (cuando cualquier cifra que baje del cien por ciento es inadmisible), sino que la realización de colaboraciones se desarrolla en la mitad de los casos sin contrato y el diecinueve por ciento confiesa no cobrar por ellas.

Con respecto a los periodistas afiliados, destaca el Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja (con un 52,6 por ciento), seguido en menor medida de UGT y CCOO (22,8 por ciento y catorce por ciento, respectivamente).

Tras observar los tramos salariales se aprecia diversidad de respuestas, siendo la media de los ingresos brutos anuales de 25.827 eruos para el total de periodistas encuestados. Pero es, precisamente, la diversidad de respuestas lo que conviene subrayar, dado que la mitad de los profesionales no llega a los 1.400 euros mensuales netos; y uno de cada tres se queda en los 1.150.

En cuanto a la conciliación entre la vida familiar y laboral, los periodistas encuestados aseguran que es una posición difícil en el 81,2 por ciento de los casos; un porcentaje altísimo a nuestro entender.

También se les preguntó a los profesionales de la información por una de las posibles causas que pueden impulsar el deseo de abandono de una actividad profesional: la presión en el ejercicio laboral. En este caso, los datos cuantitativos revelan momentos de presión profesional en más de la mitad (en ocasiones 56,0 por ciento) de los periodistas encuestados. Respecto al lugar del que surge esta presión, se citan las instancias políticas (39,7 por ciento), la propia organización (37,7 por ciento) y los jefes inmediatos (34,7 por ciento).

El 30,3 por ciento de los encuestados afirma haber cambiado dos o tres veces de trabajo durante su vida laboral. También es significativo que el 21,1 por ciento ha cambiado de trabajo cuatro o cinco veces. En cambio, uno de cada cuatro periodistas no ha cambiado nunca de trabajo.

Ante la cuestión de si tiene convenio propio la empresa en la que desarrolla principalmente su actividad, los resultados cuantitativos indican que tan sólo la mitad de los encuestados afirma disponer de convenio propio.

El estudio desvela, por tanto, claramente en qué se debe centrar nuestra lucha. Cabe significar que la aportación del sindicato ha sido la de incluir en la encuesta a los reporteros gráficos (cámaras y fotógrafos) que la Asociación de la Prensa no encuestó dado que sólo tuvo en cuenta a los licenciados en Ciencias de la Información (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad) y estos compañeros tienen formación en Imagen y Sonido (no necesariamente universitaria).

Puedes ver el estudio al completo desde este enlace, donde también podréis descargarlo.

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Los trabajadores de la Agencia EFE no confían en la dirección de la empresa a la hora de buscar soluciones a los problemas creados por la situación económica general y a los que genera la actitud irresponsable de la propia dirección. Están hartos de imposiciones durante meses en asuntos cruciales como estatus de los corresponsales, reorganización de delegaciones, introducción del periodismo multimedia y convenio colectivo.

Ahora se afronta un plan de ajuste económico en circunstancias similares. La confianza de los trabajadores sólo puede ser recobrada si la dirección demuestra capacidad negociadora, voluntad de llegar a acuerdos y propuestas que impliquen a toda la empresa, incluidos, y para empezar, directivos y cargos de confianza.

No es el camino que está siguiendo la dirección de la Agencia Efe. Proponer la congelación salarial a toda la plantilla durante cuatro años (2009-2012) y la supresión de la paga de febrero (consolidada en convenio) y mantener el abono de la retribución por incentivos al centenar de directivos y cargos de confianza es, más que una tomadura de pelo, un abuso intolerable. Elevado al cuadrado en una empresa pública.

La dirección de la Agencia Efe debe rectificar radical y urgentemente su plan de ajuste. Es lo que pretenden los representantes de los trabajadores con la convocatoria de paros de dos horas por turno mañana 16 de diciembre. La junta ejecutiva federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) respalda esta acción y hace un llamamiento para que sea secundada.

Es indigno del sistema democrático que la salida de la crisis se haga exclusivamente con los sacrificios de los trabajadores y chantajista amenazar con despidos si no se acepta ésta imposición. Pero la actitud del presidente de la agencia, Alex Grijelmo, tiene también responsables superiores en la administración pública y en el Gobierno que, con su silencio, están dejando hacer las cosas de esta forma impresentable, o ilegal, como están demostrando reiteradas sentencias de los tribunales en el caso de los colaboradores-corresponsales.

El Gobierno no puede ni debe seguir haciendo declaraciones de corte socialdemócrata frente a la crisis y cuando llegan los momentos concretos dejar que se instalen las opciones más derechistas, neoliberales e insolidarias. El Gobierno es responsable del funcionamiento de los medios públicos y de la calidad de sus informaciones, lo que equivale a decir que es responsable de la calidad de la democracia.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

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