Tras la fusión con Recoletos, hace apenas dos años, se llevó a cabo una reestructuración de la plantilla de El Mundo, Expansión, Marca… Ahora Rizzoli ha pedido a Pedrojota que reduzca en 30 millones los gastos de personal. ¿Están pagando justos por pecadores?

No sé si es pecado pretender ampliar los grupos de comunicación. Pero la dinámica de concentración de medios no garantiza mayor seguridad a las cabeceras que los componen. Lo que cuenta para los grandes grupos multimedia es aumentar cada año su cuenta de resultados y de beneficios. Si algunas de las cabeceras adquiridas resultan poco beneficiosas o demasiado gravosas o son suprimidas directamente o se las somete a la cirugía que determinen los gestores de estos grupos.

Si además las decisiones se toman desde la lejanía y con criterios de pura rentabilidad los resultados pueden ser catastróficos. Que se plantee esta cirugía con propuestas de o te reduces el sueldo o despedimos unos cuantos centenares me parece un chantaje y un despropósito. Más tratándose de medios que proporcionan beneficios y que en algunos de ellos ya se ajustaron las plantillas en el momento de la absorción.

Prisa es un ejemplo de cómo una empresa se deshace de personal de plantilla para enmendar las decisiones arriesgadas -como fue en este caso la adquisición de Sogecable- ¿Para cuándo una ley que proteja a los profesionales?

Prisa tomó muchas decisiones arriesgadas, no sólo la adquisición de Sogecable. Su expansión latinoamericana no ha sido menor. La duplicidad entre la red de televisiones Localia y la puesta en marcha de Cuatro fue de órdago. Prisa ya se descapitalizó vendiendo sus activos patrimoniales para hacer frente a las créditos financieros y ahora paga alquileres por las instalaciones que antes eran propias. Ni así ha podido liquidar sus dependencias financieras, lo que es lo mismo que perder independencia se diga lo que se diga.

Las leyes que demandamos no evitarán las crisis empresariales coyunturales o las que se deriven de la mala gestión. No por ello dejan de ser importantes. En primer lugar porque en este país aún no se ha legislado sobre el derecho a la información, después de 30 años de democracia, y siguen sin regularse los derechos y las obligaciones de los informadores profesionales. De aquí nuestro empeño para una ley que cubra este vacío legal. Y por otra parte, requerimos una norma laboral que ampare los, cada vez más numerosos, informadores desregulados y precarizados. Porque una profesión tan débil no puede garantizar información veraz y de calidad como demanda la ciudadanía y garantiza la Constitución.

La plantilla de ABC continúa con su estrategia de ‘máxima visibilidad’. La última fue una protesta en la Asamblea de Madrid. ¿Hay otra salida que no sea el ERE?

Vocento, el grupo del que depende ABC, también aprovecha la crisis general para solucionar problemas estructurales que no provienen de esta crisis puntual. Todos los grupos están haciendo lo mismo con la excusa de que el Pisuerga pasa por Valladolid y que ahora ya no da vergüenza despedir, prejubilar o reestructurar. La competencia hace otro tanto y el mal de muchos parece que ya no es consuelo de tontos. Las plantillas tienen la obligación de negociar y presionar con las armas que puedan. Si no hay otro remedio acabarán negociando un ERE. Pero este no es el escenario más atractivo.

Zeta firmó hace poco un crédito con varios bancos y Prisa refinanció su deuda; los editores están pidiendo ayudas al Gobierno. ¿Están poniendo parches a un barco que se va a pique?

Este es nuestro temor y por ello exigimos compromisos de futuro y planes de viabilidad. De lo contrario, todos los sacrificios actuales nos llevarán a nuevos escenarios de conflicto dentro de poco tiempo y con los medios mucho más debilitados.

De concretarse estas ayudas, ¿no sería el fin de la independencia de los medios?

Los medios han perdido su independencia hace tiempo. Las ayudas han sido múltiples y variopintas. Ahora, cuando se piden ayudas quieren hacer creer que es algo nuevo. Pero no. Y se pidieron y se concedieron para objetivos que con frecuencia no se cumplieron. Necesitamos que en el futuro sean transparentes y objetivas, precisamente para que no condicionen. Independencia y pluralidad son dos ejes irrenunciables para una convivencia democrática plena.

(Vía |  24/7l)

(Imagen | Nicolas Vial)

Los trabajadores no deben pagar las aventuras o incapacidades de sus directivos ni salvar a los accionistas de la crisis

En las últimas semanas, varias empresas del sector de la comunicación han anunciado el cierre de cabeceras, la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo o brutales ajustes de personal.
El pretexto para ello es una crisis económica que, aunque existe, no debe recaer sobre los trabajadores, porque no son en absoluto responsables de ella. En cambio, se pretende que en plena crisis los accionistas queden a resguardo y que las consecuencias afecten únicamente a las plantillas.

Las empresas son las únicas responsables de sus estrategias editoriales y comerciales, según la legislación; y los trabajadores no debemos pagar las aventuras e incapacidades de sus directivos.
Para conseguir sus propósitos al menor coste, muchas empresas están amenazando con reducir sus plantillas, con el objetivo de implantar el temor en los medios de comunicación y conseguir que los trabajadores acepten las condiciones que pretenden imponer.

Ante esta actuación empresarial, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) recomienda :

• No ceder al chantaje y no aceptar ninguna propuesta que no sea negociada por los comités de empresa o delegados de personal. Ahora más que nunca, la mejor defensa está en la unidad de los trabajadores y en el respaldo total a sus representantes.
• No aceptar ningún plan de despidos masivos con cifras concretas, sino exigir en todos los casos una explicación transparente del estado de cuentas de la empresa, tal y como prevé la ley, y el diseño de un plan de viabilidad.
• En caso de llegar a despidos, éstos se deben analizar y negociar uno a uno, con asesoramiento de los comités.
• No aceptar en ningún caso compensaciones por debajo de las que establece la ley.
• Exigir siempre, a efectos de indemnización, el reconocimiento de toda la antigüedad en la empresa, incluyendo el tiempo trabajado a la pieza (colaborador) si existiera.

Asimismo, la FeSP repudia que distintos medios de comunicación hayan publicado últimamente informes cruzados, en los que cada empresa se empeña en demostrar que las de la competencia están muy mal, y viceversa. Una vez más, algunos editores españoles provocan vergüenza ajena.
La ciudadanía debe ser consciente de que estas impúdicas maniobras para reducir las plantillas y atemorizar a los profesionales afectarán a la calidad de la información, lo que degradará aún más el derecho que tienen a recibirla de manera veraz y plural.

Desde la FeSP advertimos a la autoridad laboral de que la actual situación no puede servir de pretexto para hacer la vista gorda frente a las empresas que incumplen sus obligaciones laborales, sino que es el momento de intensificar al máximo las inspecciones de trabajo.

También recordamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios que esta crisis no puede servir de cortina de humo para incumplir los compromisos asumidos con los periodistas. Por el contrario, demuestra que no deben demorar por más tiempo el debate y aprobación de unas leyes que regulen profesional y laboralmente la profesión periodística, con lo que se garantizará el derecho a la información que tiene la ciudadanía.

Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por: Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG).

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se suma a la jornada de movilización en defensa de la profesión, convocada por la Federación Europea de Periodistas (FEP) bajo el lema “En pie por el periodismo”, para el día 5 de noviembre.

En esta jornada denunciamos de manera especial las situaciones de precariedad laboral y profesional que afectan al conjunto de los profesionales de la información.

Rechazamos rotundamente las acciones de las empresas de comunicación que, bajo el pretexto de la actual situación de crisis económica, llevan a cabo una perversa política de regulación encubierta de sus plantillas. La disminución real de la publicidad, que afecta a algunas de ellas, no justifica estas maniobras cuando muchos de esos medios siguen declarando importantes ganancias.

Estas políticas salvajes contra el empleo de los trabajadores de los medios acarrearán, como daño compartido por toda la ciudadanía, un fuerte deterioro de la calidad de la información que reciben.

Reclamamos de los legisladores que, con urgencia, aprueben una ley de regulación laboral de la profesión periodística que acabe con la explotación de los periodistas “a la pieza”, que afecta a más del 30% de los informadores y que constituye un fraude a la Seguridad Social de millones de euros, permanente y consentido por las autoridades.

Hacemos un llamamiento al Gobierno y a los legisladores para que cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía; para lo cual es imprescindible una ley que regule ese derecho a la que se ha comprometido el partido en el Gobierno, el PSOE.

Exigimos que esa ley reguladora del derecho a la información garantice como mínimo la libertad de acceso a las fuentes, la existencia de comités de redacción en los medios, que regule el acceso a la profesión, preserve los derechos de autoría de los informadores, imponga el cumplimiento de las normas deontológicas de la profesión y contemple la creación de una autoridad de la información independiente que asegure a los ciudadanos su derecho a recibir información veraz, plural y completa.

Sólo respondiendo a estas justas demandas de los profesionales de la información podrán decir nuestros parlamentarios que cumplen con su obligación de proteger un derecho fundamental que es básico para preservar la democracia real.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas